La decisión de desobedecer la orden del Tribunal de Estrasburgo y no anular la condena de Xabier Atristain es un auténtico escándalo sin precedentes que ofrece una impunidad absoluta a las vulneraciones de derechos humanos empleadas por el Estado español contra el independentismo vasco. Denunciamos la decisión hecha pública hoy por el Tribunal Supremo e instamos al resto de agentes políticos, sindicales y sociales que levanten la voz contra esta injusticia que obstaculiza la construcción de un escenario de libertad, paz y convivencia democrática para nuestro pueblo.
La condena de 17 años de prisión de Xabier Atristain fue posible tras la vulneración de sus derechos fundamentales, según la resolución unánime del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Le fue vulnerado el derecho a la defensa y el derecho a un proceso justo y equitativo. No sólo a él, sino también a otros miles de vascos y vascas. En vez de buscar una solución razonable basada en la justicia al asunto de las presas y los presos, el Estado Profundo optado por huir hacia adelante y ahondar en la vulneración de derechos de Atristain, tratando de cerrar la ventana de oportunidad que abrió Estrasburgo para dar una salida justa y lógica a la cuestión de las personas presas. Con esta actitud de la judicatura española queda demostrada una vez más que éste no es un Estado de derecho.