Sortu seguirá trabajando por la paz, la convivencia y la libertad, aunque pretendan obstaculizarlo con la causa de los ‘ongi etorris’

2024-06-04

Abogados y procesados aseguran que no hay delito en la causa de los ongi etorris, y que se trata de otro caso de lawfare que busca desgastar al actual gobierno español.

Sortu ha comparecido hoy, 4 de junio, para dar a conocer la valoración política de la causa abierta con motivo de los actos de bienvenida a presos celebrados en el pasado. Han tomado la palabra el abogado Aiert Larrarte, y los procesados y miembros de la dirección de Sortu Oihana San Vicente y Haimar Altuna. Han señalado que es absurdo tener hoy abierta esta causa, recordando que los ongi etorris son cosa del pasado y que es un escenario ya superado. Asimismo, han declarado que no hay delito y que el caso va en contra de la libertad de expresión, denunciando que detrás de ello hay objetivos políticos: “Por un lado, obstaculizar el camino hacia la paz, la convivencia y la libertad que se está recorriendo en Euskal Herria, y por otro, derribar al actual gobierno español”.

Las peticiones de pena contra los seis imputados Sortu por la causa de los ongi etorris son de hasta 9 años de prisión. Los abogados sólo han sido informados directamente de las peticiones de las acusaciones. Se les acusa de dos delitos: participación en organización criminal y un delito continuado de humillación y enaltecimiento. Tando Dignidad y Justicia como el PP piden 6 años para cada procesado por el primer delito y 2 años y 8 meses por el segundo. La AVT, por su parte, pide 6 años y 3 años. En la comparecencia han denunciado que la petición del fiscal se ha conocido a través de la prensa, “como es habitual”. Éste ha pedido 5 años y 7 meses para cada uno de los procesados.

Ahora es el momento de formular los escritos de acusación y defensa. Y después, se celebrará el juicio. Larrarte ha informado de que una vez que reciban la notificación del fiscal presentarán el escrito de defensa en el que defenderán que no hay delito: “Se ha actuado entre los límites establecidos por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a través de varias sentencias. Es más, la jurisprudencia orienta a los tribunales a eliminar este delito”. Ha añadido que para que haya este tipo de delitos tiene que haber expresiones de violencia, y no las hay. Y por último, que se ha pretendido hacer una causa general “intentando convertir la humillación a las víctimas en un concepto jurídico”.

“Estamos hablando de libertad de expresión, y del enésimo intento de criminalización de un partido político. Y de la intención de volver a llenar las cárceles, en lugar de vaciarlas”, ha denunciado Larrarte. Según él, a través de la investigación de estos delitos se ha pretendido convertir las expresiones políticas disidentes en delitos, e incluso, en ocasiones, lo han hecho. “Cuando una cuestión política se lleva a los tribunales, es algo que va en contra la libertad de expresión de todas y todos”.

Altuna y San Vicente han subrayado que los ongi etorris son una cuestión el pasado: “Desde el punto de vista de la convivencia, hace años que no se realizan actos públicos de recibimiento a presas y presos. Entre otras cosas, porque la izquierda abertzale ha escuchado la voz de las víctimas que mantienen una actitud constructiva y porque, haciéndole caso a eso, así lo decidieron los propios presos y presas”. Han destacado que la sociedad vasca está dando pasos hacia la construcción de la convivencia, así como la izquierda abertzale.

Objetivos políticos

Por ello, han denunciado que se trata de un caso más de lawfare, con dos objetivos: “guarda relación directa con la ofensiva que el bloque reaccionario y el estado profundo están llevando a cabo en el Estado español. Pretenden dañar el camino avanzado en los últimos diez años mediante la criminalización y la represión, enrareciendo el ambiente y dificultando las relaciones políticas”. Junto a ello, han afirmado que esta causa pretende negar el esfuerzo multilateral que se está haciendo en Euskal Herria para avanzar en la paz y en la convivencia, para así mantenernos en lógicas del pasado.

Han advertido que interiorizar el marco de la derecha reaccionaria tiene riesgos, con consecuencias como ésta: peticiones de cárcel donde no hay delito, con todos los costes que eso tiene. “La convivencia no es un elemento para la pugna y la disputa, sino algo se construye entre todas y todos”. Ante ello, han llamado a la esperanza: "Nuestro pueblo seguirá recorriendo el camino de la paz, la convivencia y la libertad. Euskal Herria hace tiempo que optó por ese camino, y no nos sacarán del mismo. Deseamos un futuro sin personas presas, refugiadas ni deportadas. Deseamos un futuro sin sufrimiento. Y lo conseguiremos”.

La investigación fue iniciada por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional y su titular, el juez García Castellón. Asociaciones de víctimas empezaron a denunciar los ongi etorris, uno por uno. Todas las denuncias se fueron archivando. “Pero entonces aparece la guardia Civil, a través de un informe que relaciona esos ongi etorris con una estrategia política, violenta y criminal. Agrupando en una única causa todos los ongi etorris que ha habido durante estos años”. En este procedimiento se incluyen todos los ongi etorris habidos desde el año 2018. Por el camino, Larrarte ha recordado que se ha vigilado la actuación de Sortu y de numerosos movimientos ciudadanos: pinchar teléfonos, interceptar mensajes, adjuntar documentación, cerrar páginas web...