Tras el rechazo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo al recurso del Estado español dejando así zanjado el caso de Xabier Atristain, Sortu ha ofrecido una rueda de prensa para valorar la dimensión de esta sentencia. En la misma han estado presente el propio Atristain, junto a su abogado Zigor Reizabal que ha ofrecido una valoración jurídica en profundidad (ver vídeo). Además, Arkaitz Rodriguez ha realizado la siguiente valoración política:
Que la incomunicación, es decir, la denegación del acceso a un abogado de confianza, aplicada de manera indiscriminada, no suficientemente individualizada y motivada, vulnera el derecho a la defensa. Que esa vulneración genera un vicio de origen, es decir, hace que el conjunto del proceso devenga injusto, lo cual vulnera otro derecho fundamental: el derecho a un proceso justo y equitativo.
Es decir, Europa ha dicho que el régimen de incomunicación vulnera dos derechos fundamentales: el derecho a la defensa y el derecho a un proceso justo y equitativo. Sin defensa no cabe condena, y si la hay es injusta.
La incomunicación ha sido una práctica sistemática y generalizada. Han sido miles las personas afectadas por ella durante estas últimas décadas Esto quiere decir que ha habido miles de Xabier Atristain, miles de personas que o bien han cumplido o bien aún se encuentran cumpliendo penas de prisión de forma indebida e injusta. Todas estas personas deben ser reparadas. En el caso de las personas presas, esa reparación exige, antes que nada, su puesta en libertad, es decir, cesar la conculcación de derechos de la que siguen siendo objeto.
El Estado tiene la obligación de cumplir esta sentencia y la jurisprudencia que establece. Hay vías jurídica, políticas y legislativas. Es responsabilidad del Estado materializarlas. No sería ni justo ni razonable que obligara a todas esas personas a recurrir una a una a Europa. Lo justo y razonable es que actúe de oficio, algo a lo que, por otra parte, está obligado.
En cualquier caso, vamos a dar la batalla jurídica y política, porque es de justicia, porque daría un espaldarazo al resolución de la cuestión de los presos, y porque resolver la cuestión de los presos es vital para la construcción de la convivencia democrática
Se habla, y con razón, del caso Pegasus. Pero el espionaje ilegal a la disencia política no es sino la punta del iceberg. En este pueblo se ha torturado de forma sistemática; aquí ha habido guerra sucia y terrorismo de estado; aquí se han cerrado medios de comunicación y se han ilegalizado partidos políticos; aquí se ha encarcelado a la gente por sus ideas; aquí continúa habiendo miles de enterrados en las cunetas...
Y si ha pasado y aún continúa pasando todo esto es porque el Estado español no es un estado real y plenamente democrático. Y no lo es porque hace cuarenta años no hubo ruptura democrática con el régimen franquista. Porque este estado es continuidad natural de aquel. Y porque el franquismo ha permanecido y aún permanece agazapado en las instituciones.
Una oportunidad de dar un salto cualitativo en la resolución de la cuestión de los presos, clave para la construcción de la convivencia democrática. Y de hacerlo en aplicación exclusiva y escrupulosa de la legalidad. El gobierno ha dicho que respetan las decisiones de los tribunales. No sólo eso: nos hemos pasado décadas escuchando eso de que las leyes están para cumplirlas. Pues bien: cumplan la decisión del tedh. cumplan la ley. Revisen y reparen todos los casos análogos al de Xabier Atristain
Es una oportunidad de avanzar en una democratización en profundindad del Estado. No se puede hacer frente a las derechas reproduciendo sus prácticas, sino erradicándolas de raíz. No se puede hacer frente a la derecha sosteniendo, siquiera con respiración asistida, el Régimen del 78, sino rompiendo de una vez por todas con el legado franquista y abordando una profunda democratización del estado, democratización que ha de pasar, necesariamente, por el reconocimiento de su plurinacionalidad y por una solución política y democrática a los conflictos vasco y catalán. En definitiva, por el respeto de absolutamente todos los derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y nacionales.