Señalando un hostel del fondo buitre Azora en el centro de Bilbo, Sortu ha puesto fin a tres días de acción activista para denunciar la emergencia residencial –cumplidos los objetivos, las y los activistas han salido de las dos viviendas de Donostia-. El Hostel Latropue de la Plaza Circular es uno de los primeros que ese fondo buitre ha abierto en Europa. Karlos Monteagudo, del Consejo Nacional de Sortu, ha declarado que “los fondos buitres basan su actividad en la especulación salvaje: compran a bajo precio en sectores en crisis para luego revalorar y vender más caro. Están especulando con nuestras ciudades y, en este caso, con nuestro derecho a la vivienda, que es un derecho fundamental”.
Un grupo de activistas ha desplegado en la fachada del edificio una pancarta gigante con el lema ‘Espekulazioa gelditu!’, mientras otro grupo se concentraba delante del hostel y repartía octavillas a la gente que transitaba por los alrededores, informando sobre la emergencia residencial que se vive en Bilbo. “Las y los bilbaínos tenemos cada vez más dificultades para pagar una vivienda. En Bizkaia tenemos que destinar el 50% de nuestros salarios a pagar el alquiler. En 2023 ha subido casi un 5%”. Ha añadido que mientras tanto los fondos buitre están haciendo negocio también en Bilbo y en Bizkaia: “Azora tiene negocios redondos también en Bilbo, concretamente en Anboto Dorrea, Termibus y Zorrotzaurre”.
Además de la actividad de los fondos buitre, también han denunciado los beneficios desorbitados de la banca. “En los últimos años, la cuota de las hipotecas ha subido enormemente, mientras que los bancos celebran sin pudor alguno desorbitados beneficios históricos”, ha declarado Monteagudo. Teniendo en cuenta toda esa situación, ha marcado a los responsables: “Esta situación tiene responsables. Es una consecuencia de la política de vivienda del PNV y el PSE. Si la vivienda es un derecho, no puede depender de un mercado libre totalmente desregularizado”. Ha exigido medidas urgentes, entre otras declarar Bilbo y su entorno zona tensionada.
El lunes 5 de febrero, miembros de Sortu iniciaron una acción activista para denunciar la emergencia residencial que se vive en Euskal Herria. Mediante un video anunciaron que estaban en dos viviendas de grandes propietarios en Donostia y que, una vez finalizado el plazo de la reserva de estancia, iban a seguir en ellas. Desde entonces, han realizado acciones de todo tipo en la ciudad: señalamientos de edificios, charla en directo, concentraciones, manifestación… En varias localidades también se han llevado a cabo acciones de propaganda y señalamiento.
De ese modo, Sortu ha puesto sobre la mesa la problemática de la vivienda en Euskal Herria. De por sí, la vivienda es un derecho, pero los fondos buitres, los grandes propietarios, las inmobiliarias y la banca la utilizan para la especulación y el negocio. Y eso es consecuencia de determinadas decisiones políticas que, en lugar de utilizar las herramientas que permiten las leyes, han mantenido una actitud activa de no intervenir. Como se ha subrayado estos días, algunas veces las normas se aplican en beneficio de esos grandes propietarios, y otras veces se hace la vista gorda.
El problema es estructural y, por lo tanto, la solución también debe serlo. Por un lado, hay que adoptar medidas de urgencia, tales como intervenir en el mercado y aprovechar al máximo las posibilidades que ofrece la ley; declarar zonas tensionadas y topar los precios del alquiler; tomar medidas para pasar al alquiler las viviendas vacías; establecer un control de las viviendas turísticas; y apostar por la vivienda pública de alquiler.
Por otro lado, las medidas a medio plazo también son imprescindibles. Hay que multiplicar el parque público de vivienda, pues eso puede condicionar el precio de mercado. Así mismo, para garantizar el derecho a la vivienda es necesario impulsar la cultura del alquiler. Pero, hay que ir más allá: necesitamos soberanía plena. Las leyes de la CAV y de Nafarroa Garaia y las competencias de Euskal Elkargoa ofrecen un camino por donde empezar. Pero necesitamos todas las competencias para poder desarrollar una política de vivienda soberana y justa.