Sortu está llevando a cabo en Donostia una acción activista para denunciar y visibilizar la “emergencia residencial” que se vive en Euskal Herria: este fin de semana activistas de Sortu han entrado en dos viviendas de grandes propietarios, y hoy, una vez finalizado el plazo de la reserva de estancia, han anunciado que van a seguir en ellas. De por sí, la vivienda es un derecho –en Hego Euskal Herria está reconocida como derecho subjetivo–, pero “los fondos buitres, los grandes propietarios, las inmobiliarias y la banca la utilizan para la especulación y el negocio”. Y eso es consecuencia de determinadas decisiones políticas que, en lugar de utilizar las herramientas que permiten las leyes, han mantenido una actitud activa de no intervenir. Ante ello, han exigido que se adopten medidas de urgencia –entre otras cosas, interviniendo en el mercado–, y que se empiecen a debatir y trazar alternativas a largo plazo.
Han reivindicado viviendas y vidas dignas: “Nadie debería gastar en vivienda más del 30% de su salario. En Hego Euskal Herria hay que gastar más del 40%. En Gipuzkoa y en Donostia más de la mitad del salario”. “Aquí unos pocos están haciendo negocio. En Donostia, mientras las y los ciudadanos estamos teniendo dificultades para pagar la vivienda, los fondos buitre y las agencias inmobiliarias están construyendo hoteles y viviendas de lujo”, han señalado. Y, para visibilizar esa realidad, están en sendas viviendas de dos grandes propietarios, en el centro de Donostia y en Gros. Lo han dejado claro: “Nuestro objetivo no es permanecer mucho tiempo en estas viviendas. Nos hemos quedado aquí para denunciar la situación”.
Una de las viviendas donde permanecen los y las activistas se encuentra en un edificio apropiado por un fondo buitre. Los y las vecinas han sufrido subidas de alquiler y presiones, y varios de ellos han sido obligados a abandonar la casa mientras han abierto pisos turísticos. La otra vivienda, situada en un edificio de apartamentos de lujo turísticos, pertenece a un gran propietario. Tanto en uno como en otro, han utilizado las jugarretas permitidas por la ley para hacer negocio y derribar los derechos de la ciudadanía.